Chihuahua, 17 de marzo.- Productores de ganado en Chihuahua alzaron la voz para denunciar una grave irregularidad en la exportación de becerros a Estados Unidos. Aseguran que agencias aduanales y compradores en la frontera les han retenido ilegalmente sus pagos con el objetivo de obligarlos a cubrir el 25% de aranceles, pese a que, conforme a la legislación estadounidense, esta obligación recae sobre los importadores.
Esta práctica, que afecta gravemente a los productores chihuahuenses, expone lo que muchos consideran una red de abusos disfrazada de regulación aduanera. Morayma Villalobos Barrón, una de las afectadas, señaló que esta situación ha puesto en jaque a los exportadores, quienes ya enfrentan condiciones adversas como la sequía, las estrictas inspecciones en la frontera y la merma en el peso del ganado tras los prolongados procesos de revisión.
«Nos hacen cortes excesivamente estrictos, más rigurosos que los de la propia inspección estadounidense. Y ahora, además, nos adjudican arbitrariamente un arancel que no nos corresponde pagar. Nadie habla por nosotros para defender esta injusticia», denunció Villalobos Barrón.
Durante los tres días en que los aranceles del 25% impuestos por la administración de Donald Trump estuvieron vigentes, más de 7 mil cabezas de ganado cruzaron la frontera, generando un impacto económico negativo superior a los 50 millones de pesos para los productores afectados. Lamentablemente, hasta el momento, no hay autoridad que intervenga para frenar este abuso.
Aranceles ilegales y amenazas a productores
Villalobos Barrón señaló que la normativa estadounidense es clara al respecto. Según el Reglamento de la Administración de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de Estados Unidos, contenido en el Título 19 del Código de Reglamentos Federales (CFR), corresponde al importador declarar la mercancía (Sección 141.1), pagar los aranceles e impuestos aplicables (Sección 141.3) y proporcionar información precisa y completa sobre los productos importados (Sección 141.4).
Los exportadores chihuahuenses son, por definición, los vendedores de los becerros y no deberían asumir el pago de un arancel diseñado para los compradores estadounidenses. Sin embargo, estos últimos han implementado una estrategia coercitiva: retienen los pagos a los productores y les amenazan con represalias si no aceptan cubrir el impuesto.
«Nos han llegado a decir que, si no pagamos el arancel, tendrán problemas con las autoridades norteamericanas y que, además, conocen nuestra información personal, incluidos nuestros domicilios», agregó la productora.
Acciones legales en puerta
Ante el evidente abuso, los exportadores afectados han decidido tomar cartas en el asunto. Se han iniciado procedimientos legales contra compradores y agencias aduanales con el objetivo de recuperar los pagos retenidos y exigir que sean los importadores quienes cubran los aranceles conforme a la normativa vigente. Además, se han sostenido reuniones entre los gobiernos de México y Estados Unidos en busca de un reembolso para aquellos productores que ya fueron forzados a pagar el arancel.
Los productores también han lamentado la falta de apoyo de las autoridades mexicanas. «Desde nuestra llegada a la frontera, no hay nadie que nos oriente en este asunto ni quien nos defienda de este cobro completamente ilegal», señalaron.
El impacto de una política comercial hostil
Este conflicto no solo pone en riesgo el sustento de cientos de familias chihuahuenses, sino que también refleja un problema mayor en la relación comercial entre México y Estados Unidos. El uso de aranceles como medida de presión económica no solo perjudica a los productores, sino que también altera la competitividad de las exportaciones mexicanas y genera inestabilidad en el sector agropecuario.
Si bien la administración actual en Washington no ha impulsado nuevas tarifas arancelarias contra México, la sombra de las políticas comerciales de la era Trump aún persiste, afectando a sectores clave de la economía binacional. En este escenario, los productores chihuahuenses exigen justicia y el cumplimiento de los tratados comerciales que rigen la relación entre ambos países.
La pregunta sigue en el aire: ¿permitirán las autoridades que continúe este atropello o se hará valer el derecho de los exportadores mexicanos?